Asamblea se compromete a revisar Ley 256 sobre obligatoriedad de factura electrónica

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Kayra Harding, se reunió con el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, encabezado por Juan Carlos Araúz, para recibir una iniciativa ciudadana que busca derogar la Ley 256 del 26 de noviembre de 2021, que establece la obligatoriedad de la factura electrónica para profesionales.

La diputada Harding, dijo que, en su política de puertas abiertas, la Asamblea Nacional, luego de escuchar las posiciones de los abogados, se comprometió a gestionar con la Comisión de Economía y Finanzas, que preside el diputado Gonzalo González, para que inicie el proceso de recoger todas las inquietudes y propuestas que permitan lograr un mejor documento.

Durante la reunión, la diputada estuvo acompañada por diputados de las distintas bancadas, quienes manifestaron su interés en que este proyecto sea discutido y se resuelva el problema que están presentando los abogados del país en torno a esta Ley que, según explicaron, afecta no solo a estos profesionales, sino también, a médicos y pequeños empresarios artesanales.

Por su parte, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que se busca volver al punto de partida contemplado en la Ley de 2011, donde se establece que los sectores profesionales, artesanos y artistas están exentos de la obligación de facturar electrónicamente.

Explicó que la modificación se refiere a dos líneas, donde se insertó como sujetos regulados a las profesiones de quienes ejercen oficios, artesanos, y artistas.

Indicó que es, precisamente, por esta razón que están tratando de concienciar y que se reivindique un derecho institucional que ampara a este sector profesional.

La reunión contó, además, con la participación del diputado Leandro Ávila, quien manifestó que se debe trabajar en conjunto con el órgano Ejecutivo, de tal forma, que estén anuentes a dar el aval para que esta norma legal sea modificada.

Los abogados estuvieron acompañados por la diputada y abogada Zulay Rodríguez, quien manifestó su apoyo a sus peticiones.

La Ley 256, que modifica el artículo de la Ley 76, enfatiza la obligatoriedad de la expedición de facturas o de un documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia, venta de bienes o prestación de servicios por parte de las personas residentes en Panamá.

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