El reciente discurso de un alto funcionario del gobierno panameño, pronunciado tras los disturbios en la construcción de un hospital, expone con crudeza la postura oficial contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Más que una rendición de cuentas, la declaración pareció un acto de guerra verbal contra la organización sindical, calificándola de «organismo terrorista» y sus miembros de «maleantes» y «fascinerosos delincuentes sindicales».
Las palabras elegidas no son menores. En un país donde la protesta social ha sido históricamente un mecanismo de presión ante la corrupción y la falta de derechos laborales, la criminalización de un sindicato abre una peligrosa puerta hacia la represión de la disidencia.
Los hechos y la versión oficial
El funcionario justificó la intervención de la fuerza pública en la obra hospitalaria, donde se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Según su versión, los trabajadores habían preparado el lugar con varillas y bloques de concreto para ser usados como proyectiles, sugiriendo una premeditación del ataque. También destacó la detención de unas 480 personas, asegurando que «a nadie se le ha violado un derecho».
No obstante, las organizaciones de derechos humanos y el propio sindicato han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza y la violación de garantías fundamentales.
El trasfondo político y económico
Uno de los puntos más llamativos del discurso fue la amenaza directa a Suntracs en materia financiera. El gobierno anunció la auditoría de los fondos que el sindicato recibe de entidades gubernamentales y la suspensión de cualquier desembolso hasta que estas investigaciones concluyan. Esto sugiere una estrategia de estrangulamiento financiero que podría debilitar el poder del sindicato en futuras negociaciones.
Además, el gobierno lanzó una advertencia a la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), acusándola de “alcahuetería” con Suntracs y de permitir que una convención colectiva sirviera de escudo para lo que denomina «anarquía sindicalista». En ese sentido, el Ejecutivo presionó a la empresa ACCIONA, encargada del hospital en cuestión, para que «ponga orden» con su personal o enfrente posibles consecuencias contractuales.
¿Una advertencia más amplia?
El tono del discurso no deja dudas sobre el mensaje que el gobierno busca enviar: cualquier manifestación que escape a su control será tratada como un problema de seguridad nacional. Con frases como «vamos a ejercer nuestro poder para llevarlos a su mínima expresión» y «que lo tenga bien claro Saúl Méndez y toda su garbulilla», el gobierno no solo busca castigar a los trabajadores involucrados en los hechos recientes, sino marcar un precedente para futuros conflictos laborales.
El peligro de la retórica oficial
Más allá de los incidentes violentos —que deben ser investigados con objetividad y sin sesgos políticos—, el lenguaje utilizado por el gobierno plantea serias preocupaciones. La equiparación del sindicalismo con el crimen organizado y el terrorismo no solo deslegitima la protesta social, sino que allana el camino para medidas aún más represivas en el futuro.
Si el discurso oficial se convierte en política de Estado, Panamá podría estar avanzando hacia un modelo donde la disidencia laboral y social se castiga con toda la fuerza del aparato gubernamental, en lugar de ser gestionada a través del diálogo y la negociación.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde llegará esta cruzada gubernamental contra los sindicatos y qué consecuencias tendrá para la democracia panameña?
