La admisión del recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Ricardo Martinelli en el caso New Business vuelve a poner en el centro del debate a la Corte Suprema de Justicia, cuestionada ya en múltiples ocasiones por sus decisiones en temas de corrupción.
El exmandatario, condenado a más de 10 años de prisión y obligado a pagar una multa superior a los 19 millones de dólares, busca ahora apoyarse en el principio de especialidad del tratado de extradición con Estados Unidos, en un intento de invalidar el fallo por blanqueo de capitales.
Este recurso abre un nuevo capítulo en la trama judicial de uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país, donde millones de dólares fueron utilizados en la compra de un conglomerado de medios, según las acusaciones.
Sin embargo, mientras Martinelli intenta desmarcarse de la condena a través de recursos legales, persiste la interrogante sobre cómo la justicia panameña aplicará la ley en un sistema que ha sido criticado por permitir dilaciones y excepciones en casos de alto perfil.
A pocas horas del inicio de las fiestas patrias, ¿el país observa una vez más cómo el poder político intenta manipular las leyes para su beneficio?
Este hecho desafía a una ciudadanía que espera claridad y firmeza de sus instituciones, en un contexto donde la credibilidad de la justicia está en juego, y donde cada decisión afecta directamente la confianza en la lucha contra la corrupción en Panamá.
