Salvador Padilla, representante legal de un empresario mexicano que residía en Cuidad de Panamá, interpuso una demanda contra la República de Panamá, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por supuestas violaciones al debido proceso, y aprehensiones sin fundamento de bienes y dinero.
La demanda se presentó bajo el principio de definitividad, que implica que no se debe agotar los recursos internos que tiene la legislación panameña, por resultar ineficaces e insuficientes para garantizar los derechos humanos del empresario.
La cuantía demanda será por una propuesta de 100 millones de dólares como consecuencias de los perjuicios ocasionados en su proceso y el cual detalla las afectaciones contra su cliente en los dos años de investigación, que, hasta la fecha, no se ha llegado a una imputación de cargos.
La investigación se lleva a cabo en el Ministerio Público panameño por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada a manos de los fiscales Isis Soto, Marcos Mosquera, Sonia Almengor y Sandy Cedeño.
Al empresario, se le aprendieron dos cuentas de bancarias con 18 millones de dólares, dos residencias y una serie de vehículos de lujo, poco tiempo después al mismo se le inadmite la entrada al país al intentar ingresar en diciembre 2019, después de 36 horas de haberlo puesto en detención en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el mismo que gozaba de residencia permanente de países amigos; este acto no le permitió continuar con su proceso presencial y llevarlo a un limbo jurídico por una investigación en fase investigativa indefinida, todo ello al amparo de una investigación circular realizada fraudulentamente en otro país.
Parte de su dinero fue transferido arbitrariamente y sin notificarle al Banco Nacional de Panamá, dejando una pérdida económica de 800 mil dólares en interés perdidos, sus vehículos fueron puestos a órdenes de la Dirección de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales están siendo utilizados dejando miles de dólares en multas en el sistema PANAPASS por diputados de la Asamblea Nacional de Panamá; además señalan la desaparición de otros vehículos del cual no se conoce el paradero y la entidad que se encarga de salvaguardarlos (la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF) le niega el acceso a la información y los expedientes se encuentran en reserva permanente.
El equipo legal del empresario está preparando una serie de querellas, demandas y denuncias tanto nacionales como internacionales, a todos los implicados de esta causa, que han sido los autores de este escándalo.
«El momento ha llegado para los buenos panameños y las comunidades internacionales para desinfectar la podrida corrupción que existe en su Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas y las demás entidades públicas de su gobierno» declaró el empresario.
