En toda democracia, dos derechos fundamentales entran en tensión constante: el derecho a la libre circulación y el derecho a la protesta. Ambos son esenciales, pero el segundo es el que marca la diferencia entre una sociedad democrática y un régimen autoritario. Panamá, con su democracia imperfecta, ha demostrado a lo largo de su historia que solo las luchas en las calles han permitido la conquista de derechos y reivindicaciones sociales.
Independientemente de las posiciones ideológicas, la protesta es y seguirá siendo un pilar fundamental de la vida cívica. Su ejercicio no debería criminalizarse, y la respuesta del Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, debe ajustarse a los principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, recientes acontecimientos ponen en entredicho el manejo de la protesta social en Panamá. La Universidad de Panamá, con su tradición de lucha estudiantil y sus federaciones organizadas, ha sido escenario de múltiples episodios donde la autonomía universitaria se ha visto vulnerada. La desproporción en el uso de la fuerza policial no es un fenómeno nuevo, pero su reiteración preocupa en un contexto donde las democracias de la región enfrentan constantes amenazas a las libertades fundamentales.
El caso más reciente, donde un oficial de alto rango resultó hospitalizado tras un enfrentamiento con una estudiante significativamente más joven que él, ha derivado en un operativo que recuerda las tácticas de represión política vistas en regímenes como los de Venezuela o Nicaragua. La incursión en las viviendas de estudiantes y la imposición de medidas cautelares, como impedimentos de salida del país y firmas periódicas durante seis meses, representan una respuesta desmedida ante un acto de protesta contra un secretario de Estado extranjero, cuya presencia y discurso generan tensiones en el ámbito diplomático e impactan la imagen internacional de Panamá.
Paradójicamente, mientras se trata con cautela y tolerancia a quienes propagan discursos cuestionables, se responde con violencia y persecución a quienes expresan su rechazo a tales posturas. El contraste es evidente y alarmante: se aplican “paños tibios” para la diplomacia con figuras externas, pero se recurre a la fuerza bruta contra ciudadanos que cuestionan el trato otorgado a estos personajes.
Este episodio no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema más profundo: la falta de garantías plenas para la protesta y el sesgo en la aplicación de la ley y el uso de la fuerza. ¿Dónde traza la democracia panameña la línea entre el orden público y la represión? ¿Hasta qué punto la criminalización de la protesta estudiantil puede erosionar los principios de una sociedad libre? La respuesta no solo define el presente, sino el rumbo que tomará el país en su ya frágil equilibrio democrático.
