El proceso electoral en la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) está en el centro de un escándalo que cuestiona su legitimidad y transparencia.
Las denuncias de irregularidades presentadas por los candidatos a rector, capitán Ernesto Cordovez y la profesora Fulvia Garay, han encendido alarmas en la comunidad universitaria, mientras crecen los llamados a una revisión exhaustiva de los hechos electorales a través de una auditoría forense e inspección ocular.
En una conferencia de prensa, Cordovez expuso que durante la campaña electoral se realizaron cambios abruptos al calendario inicialmente establecido mediante la resolución CEU 047-2024.
Este documento fue reemplazado por la CEU 074-2024 en plena campaña, alterando las reglas del proceso. “Este tipo de modificaciones no solo afectan la transparencia, sino que generan desconfianza en la comunidad universitaria”, aseguró Cordovez.
El candidato también subrayó que la baja participación estudiantil, con solo el 40 % del estudiantado asistiendo a las urnas, fue consecuencia directa de que la mayoría había culminado sus exámenes finales y no se encontraba en el campus. Además, denunció la flexibilización de los requisitos para aspirar al cargo de rector, lo que contradice los estándares establecidos por la Ley de la UMIP y el Estatuto.
Entre otras irregularidades, mencionó la ausencia del Estamento Estudiantil durante el proceso electoral, a pesar de haber sido electo en las elecciones previas de rector y decano.
Por su parte, la profesora Garay señaló que el actual rector y también candidato, Víctor Luna Barahona, no se separó de su cargo en el plazo estipulado, otorgándose una ventaja indebida frente a los otros aspirantes.
“Es inaceptable que un proceso electoral se lleve a cabo sin que se cumplan las normas básicas de imparcialidad”, enfatizó. Garay también criticó que las actas de escrutinio que proclamaron a Luna como ganador solo llevan su firma, mientras que los otros tres candidatos se negaron a rubricarlas debido a las irregularidades detectadas.
En un pronunciamiento conjunto, los abogados Omar Alberto Jaén y Alejandro Arias ofrecieron un análisis detallado de las irregularidades detectadas, así como las acciones legales que han decidido emprender.
Jaén reveló que dentro de la UMIP existe un ambiente de intimidación que ha frenado a empleados y estudiantes de denunciar por temor a represalias laborales o afectaciones salariales.
También señaló la desaparición de documentos públicos, como sanciones previamente publicadas en la página web de la universidad, y destituciones arbitrarias de quienes cuestionan las decisiones de las autoridades.
Arias, especialista en Derecho Administrativo, destacó que la omisión del rector al no separarse de su cargo en el tiempo estipulado constituye una causal para declarar la nulidad de las elecciones.
Además, denunció que el Consejo Superior tuvo que intervenir para designar al doctor Tomás Díaz como rector encargado el pasado 4 de diciembre, una medida que refleja la gravedad de las irregularidades.
Ambos abogados coincidieron en que estas prácticas comprometen los valores fundamentales de la UMIP, como la transparencia y la legalidad, afectando su misión educativa. También cuestionaron la interpretación flexible del artículo 77, numeral 3, del Estatuto, que ha permitido justificar la falta de requisitos especializados en ciertos aspirantes.
Jaén y Arias anunciaron que interpondrán acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia y otras instancias competentes, confiando en que las medidas correctivas devolverán la credibilidad y la transparencia al proceso electoral.
“La UMIP no puede permitir que estas irregularidades socaven su misión y los principios sobre los cuales fue fundada”, concluyó Jaén.
Mientras los ojos de la comunidad universitaria están puestos en las autoridades, estudiantes, docentes y administrativos esperan una respuesta clara que garantice la imparcialidad y la integridad de los procesos en la UMIP.
Las denuncias han puesto de manifiesto la necesidad de acciones contundentes para proteger la democracia interna y restaurar la confianza en esta institución insignia del sector marítimo panameño.
