La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Marisol Ortiz, decretó las medidas cautelares personales de prohibición de salida del país y la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial para 10 ciudadanos, imputados por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delitos que implican un peligro común, así como por el delito de lesiones personales culposas.
La jueza, tras escuchar los argumentos tanto del Ministerio Público como de los defensores particulares y del Instituto de la Defensa Pública, fundamentó su decisión en la demostración del hecho punible y la posible vinculación, considerando estas medidas como necesarias y proporcionales a la naturaleza del caso, siendo las más adecuadas para el proceso.
Previamente, se presentó la formulación de cargos por parte de la representante del Ministerio Público, la fiscal Raquel Méndez De Gracia. La asistencia legal de los imputados fue ejercida por 10 defensores técnicos particulares y una abogada del Instituto de la Defensa Pública. La defensa de las víctimas del delito estuvo representada por seis abogados particulares.
Durante la audiencia, siete defensores anunciaron recurso de apelación. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones fue programada para el próximo martes 26 de marzo, a las 8:30 a.m., en la sala número 5 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio ubicadas en Plaza Fortuna.
Este caso se inició el 1 de noviembre de 2022, cuando en un edificio ubicado en Obarrio, calle 54, se registró una fuerte explosión, en el cual resultaron 22 heridos.