Juez se acoge al término de ley para calificar sumario en caso “Lava Jato”

Concluida la fase de alegatos en la audiencia preliminar alterna por el denominado caso “Lava Jato”, la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez Morán, se acogió al término de Ley, para calificar el sumario seguido a 38 ciudadanos, imputados por la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

En esta fase de alegatos, el Ministerio Público, representado por los ficales Isis Soto y el Licenciado Marcos Mosquera de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, solicitaron el llamamiento a jucio para 32 de los procesados, mientras que, para cuatro de los imputados, pidieron al Tribunal el sobreseimiento defintivo y para dos más, solicitaron sobreseimiento de carácter provisional.

En tanto, todos los defensores pidieron a la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez que les otorgara a sus defendios el sobreseimiento definitivo dentro de esta causa penal, así como el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesan sobre los mismos. Esta solicitud, en atención a que, según su criterio, el Ministerio Público no logró acreditar ningún hecho punible.

Durante este segundo y último día de audiencia preliminar, este martes, 8 de marzo de 2022, se presentaron ante el Tribunal los alegatos de cuatro Defensores Técnicos Particulares y participaron 12 de los imputados. Cabe destacar que el expediente de esta causa consta de 291 tomos.

El acto de audencia se llevó a cabo en el Salón de Audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Palacio Gil Ponce, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso para todas las partes, así como el cumplimiento de las medidas de bioseguridad recomendadas por el Ministerio de Salud.

Este caso guarda relación con una investigación que inició en el 2016, producto de hechos noticiosos en el marco de la operación “Lava Jato” en Brasil que vinculaban a una oficina de abogados en Panamá que se dedicaba a la creación de sociedades anónimas que supuestamente tenían como objetivo la movilización de fondos ilegales.

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