El presidente José Raúl Mulino anunció este 13 de marzo, que su gobierno se enfocará en definir el futuro de la mina de cobre ubicada en Donoso, Colón, luego de haber concluido el debate sobre las reformas a la Caja de Seguro Social. Mulino reconoció que el tema es complejo y de gran impacto para la economía del país.
Uno de los puntos clave en esta situación son los seis arbitrajes internacionales presentados por First Quantum Minerals, empresa que operaba la mina bajo su filial Minera Panamá. Estas demandas buscan compensaciones millonarias por supuestos daños y perjuicios tras la declaración de inconstitucionalidad de su contrato. En respuesta, Panamá ha contratado un bufete de abogados para manejar estas disputas legales en tribunales internacionales.
Añadió que dio luz verde para la extracción del material ya molido que permanece en la mina. Según Mulino, ese material representa una gran inversión y su procesamiento en el extranjero permitirá recuperar parte de los recursos económicos para Panamá. «Hay una gran cantidad de dinero en ese material y no podemos dejar que se desperdicie», enfatizó.
Además, el presidente autorizó la reactivación de la planta termoeléctrica de 300 megavatios con la importación de carbón desde Medellín, lo que permitirá su funcionamiento y su posterior integración al Centro Nacional de Despacho. «Esto reforzará el suministro energético del país y aportará estabilidad a nuestra red eléctrica», explicó.
El impacto económico del cierre de la mina también fue un tema abordado por el mandatario, quien sostuvo reuniones con empresarios y proveedores afectados. Mulino destacó que la paralización de las operaciones mineras ha generado una pérdida del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y ha afectado la generación de empleos y los ingresos del Estado. «Estamos sintiendo los efectos en la economía, con despidos y problemas de pago a proveedores», manifestó.
El presidente reiteró su compromiso de manejar el tema con responsabilidad, asegurando que cada decisión se tomará con base en lo que sea mejor para el país. «Actuaremos con seriedad y prudencia para garantizar que los intereses de Panamá sean protegidos», concluyó.
