El abogado Iván Castillo, presentó este jueves ante la Fiscalía Anticorrupción una nueva denuncia penal sobre el cobro ilícito en la compensación del arroz.
Castillo, quien representa a la empresa Vado del Alamo S.A. señaló que en este caso se han cometido varios delitos entre ellos, peculado y asociación ilícita entre supuestos productores y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).
«Se trata de personas que, en asocio con funcionarios del MIDA se prestaron para cobrar, la compensación del $7.50», dijo el abogado Castillo.
Según consta en la denuncia, la posible lesión patrimonial en este caso supera los $8 millones 740 mil dólares del Fideicomiso del Estado panameño.
ORIGEN DEL CASO DENUNCIADO
El caso se remonta a una primera denuncia presentada contra un grupo de empleados de la empresa Vado del Alamo S.A. tras lo que se narra el hurto de unos 2,700 tiquetes electrónicos de pesaje que se encontraban en descarte, y que fueron utilizados para el supuesto cobro ilegal.
Según se explicó, estos tiquetes electrónicos, que ya no se utilizan, fueron generados como parte del proceso de pesaje del arroz en cáscara y húmedo.
Tras la primera denuncia, se logró imputar cargos solo a José Pastor González, más no a la persona encargada del pesaje y quien sustrajo los mencionados tiquetes.
EL TITULAR DEL MIDA CONOCE DEL HECHO
El abogado Iván Castillo, aseguró en entrevista con los medios de comunicación, que el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama tiene «pleno conocimiento» del hecho.
«De esto tiene pleno conocimiento el Señor ministro, porque el hurto y el peculado que ha surgido, ha traído como consecuencia que el inventario [de arroz] que existía para el mes de junio fuera irreal», destacó.
Castillo agregó que el inventario tuvo que ser subsanado por el MIDA, debido a que los números no cuadraban.
«Se pagaron $7.50 por cada quintal de arroz que no existían, pero que fueron puestos dentro del inventario nacional», agregó.
¿ENCUBRIMIENTO JUDICIAL?
Durante la presentación de la denuncia, también se advirtió sobre un posible encubrimiento en las investigaciones.
El abogado Castillo, agregó que existe peligro de pérdida de pruebas y sustracción de materia del mencionado expediente.
«Existe una serie de actos colaterales al hurto, en la cual familiares de este señor [José Pastor González] que gozan de posiciones públicas hoy en día, han intentado borrar evidencias y afectar el desenvolvimiento de las investigaciones», advirtió.
El jurista también cuestionó el rol de la Contraloría General de la República en este caso denunciado.
«Aquí hay un control fiscal por parte de la Contraloría, que no funcionó», sostuvo.
Castillo dijo que hay muchos productores, a los cuales se les adeuda el pago de sus compensaciones y que a la fecha no se les ha cancelado.
