El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 5 del 16 de enero de 1997, la cual avala la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company S.A.
La acción legal fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por los abogados Norman Castro y Julio Macías Hernández.
En su Vista No. 01 del 19 de febrero de 2025, el procurador solicitó al máximo tribunal que declare inconstitucional la norma, argumentando que el contrato firmado con Panama Ports afecta principios fundamentales de la Constitución y genera un impacto negativo en la libre competencia y el interés del Estado.
Entre los puntos señalados por Gómez se destaca que el contrato otorga derechos exclusivos a la empresa de manera indebida, lo que limita la competencia en el sector portuario. También expresó dudas sobre la transparencia del proceso de negociación y advirtió sobre posibles desventajas para el país.
La demanda fue interpuesta el 3 de febrero de 2025, con el argumento de que la ley que regula el contrato no se apega a los principios constitucionales.
Panama Ports mantiene un contrato vigente hasta 2047, con una duración total de 50 años.
