Ecuador vive días críticos: apenas un día después de que se iniciara un juicio político en su contra, el presidente del país, Guillermo Lasso, decidió este miércoles disolver el Congreso y convocar a elecciones generales.
Lasso se encontraba, de acuerdo a varios analistas, «entre la espada y la pared», tras comenzar este martes un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional de mayoría opositora liderada por Unión por la Esperanza (UNES), el partido de izquierdas del expresidente Rafael Correa, asilado en Bélgica al tener condenas pendientes por corrupción en Ecuador.
La oposición acusaba a Lasso del delito de peculado (malversación de fondos), por no dar por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo que supuestamente habría causado graves perjuicios económicos a las arcas estatales.
La «muerte cruzada
La «muerte cruzada» permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar.
La ley especifica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de siete días desde que la decreta.
La figura legal, fue adoptada en 2008 durante la gestión del expresidente Rafael Correa.
Tras el decreto de disolución, la Constitución exige convocar a elecciones legislativas y presidenciales en un plazo máximo de siete días.
El documento firmado por el presidente notificó al Consejo Nacional Electoral (CNE) su obligación de llamar a los siguientes comicios, que deberán celebrarse en una misma fecha y decidirán a los ocupantes de los cargos para el resto de sus respectivos períodos.
Tanto Lasso como los asambleístas podrán presentarse a las elecciones extraordinarias, cuya primera vuelta tendrá lugar en un plazo máximo de noventa días tras la convocatoria.
