La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Irma Palacios, validó un acuerdo de pena consensuado entre las partes y emitió la sentencia n.° 1005 de 9 de mayo de 2024, mediante la cual declaró penalmente responsable a un ciudadano y lo sancionó a 80 meses de prisión, como pena principal, por el delito contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de posesión de pornografía infantil.
Mientras que, en otra causa la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Meylin Jaén, también validó un acuerdo de pena consensuado entre las partes y emitió la sentencia n.° 1009 de 10 de mayo de 2024, mediante la cual se declaró penalmente responsable a un ciudadano de 44 años, y lo sancionó a 84 meses de prisión, como pena principal, por el mismo delito.
Ambas juzgadoras ordenaron para los sancionados la pena accesoria de inhabilitación por 80 y 84 meses, para ejercer funciones públicas y trabajar en parques, centros educativos, parvularios, centros deportivos y otros sitios donde se agrupen menores de edad, una vez cumplan la pena principal.
Previamente, las juzgadoras legalizaron la aprehensión y dieron por presentada la formulación de imputación de cargos a los dos ciudadanos, al contar con los requisitos sustentados por parte de los representantes del Ministerio Público, las fiscales Dayán Chirú y Diomeris Solís. Los sancionados estuvieron representados por los defensores técnicos particulares Rubén Velasco y Alfredo Ríos.
Este caso está vinculado con varias investigaciones que se iniciaron en el año 2023, cuando el Ministerio Público, en colaboración con otros nueve países, dio inicio a la operación internacional «Aliados por la Infancia III». El objetivo primordial de esta operación era desarticular grupos criminales dedicados a la pornografía infantil.
