El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, conformado por los magistrados Miriam Jaén, Eric Belgrave y Eyvis Jaén, confirmó la decisión emitida por la jueza de cumplimiento Elizabeth Berroa mediante el auto n.° 13,525, donde se negó la solicitud de la defensa técnica particular de reemplazo de penas cortas privativas de libertad de 60 meses de prisión por trabajo comunitario, al exrepresentante del corregimiento de Calidonia, Ramón Ashby, sancionado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.
Tras escuchar a las partes intervinientes, los magistrados determinaron que la solicitud no cumplía con los requisitos legales, ya que no se contaba con uno de los requisitos del artículo 65 del código penal y tampoco se cumplía con la función de la pena en cuanto la prevención general.
El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior anticorrupción Johaira González Castillo, mientras que la defensa legal del sancionado estuvo a cargo de la defensora técnica particular Gladis Quintero Fuentes.
Esta causa penal guarda relación con un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República durante el período 1999-2003, que determinó presuntas irregularidades financieras y administrativas.
En dicho informe, se encontraron gastos no justificados por 505 mil 335 balboas asignados a la Junta Comunal de Calidonia.